Lo ya aprobado estipula que legisladores federales y locales, mandatarios locales, magistrados de tribunales superiores de justicia y el presidente de la Repúblicadeberán responder ante delitos penales y, de ser condenados, deberán purgar su pena.
Además, plantea ya no será necesario que se realicen juicios de desafuero en el Congreso de la Unión porque estarán establecidos en la Carta Magna.
Se reservaron los artículos 38, 111, 112 del dictamen que serán discutidos, en los que plantean cambios a la redacción del dictamen y evitar que derechos políticos electorales sean suspendidos cuando se dicte un auto de vinculación a proceso.
Fuente: el economista